La Corrupción en El Salvador

Introducción

La corrupción pública y privada es uno de los peores males de la sociedad salvadoreña y cada día es mayor. Quienes se benefician de ella son algunos funcionarios del gobierno y la mayoría de los grande empresarios.

La corrupción pública se refiere a los hechos delictivos cometidos por funcionarios del gobierno contra la hacienda pública. Incluye el robo de dinero en instituciones públicas, el uso de recursos para provecho personal, el tráfico de influencias para apropiarse de recursos o ascender en los cargos públicos, la realización de favores a empresarios para obtener recompensas económicas, y otros mecanismos de fraude.

La corrupción privada tiene que ver con los hechos delictivos que realizan sobre todo los grandes empresarios para acrecentar sus riquezas. Incluye la evasión de impuestos, la violación de la leyes laborales, el soborno de funcionarios públicos y otros mecanismos fraudulentos.

Cuando se cuantifica dicha corrupción o una parte importante de ella, se puede constatar su impacto en la profundización de la pobreza y la desigualdad social, pues el Estado dispone de menos recursos para cumplir con su obligación constitucional de garantizarle empleo y servicios básicos a la población.

Mientras las personas pobres y las que trabajan por un mísero salario no superan sus precarias condiciones de vida, un grupo de ricos y de altos funcionarios públicos acrecienta sus riquezas y se la pasa de lo mejor engañando al Estado, y sobre todo al pueblo, que mantiene al Estado mediante el pago de los impuestos y mantiene a las empresas a través de su trabajo.

Lo que acontece en El Salvador también se da en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y en proporciones mayores ocurre en los países llamados desarrollados, donde la corrupción pública y los fraudes de las empresas alcanzan enormes proporciones. Basta recordar el caso de la ENRON, empresa de electricidad de Estados Unidos, cuyos directivos destruyeron documentos y ocultaron pérdidas por mil millones de dólares, para que los accionsitas no se enteraran de su real situación financiera.

En este documento destacaremos los principales hechos de corrupción pública ocurridos en El Salvador durante los gobiernos de ARENA, así como la evasión de impuestos que hacen los grandes empresarios.

I. La corrupción pública

Durante los 18 años de gobiernos de ARENA se han dado múltiples casos de corrupción en distintas dependencias del Estado, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad. Funcionarios públicos con altos cargos y grandes empresarios privados han defraudado la economía pública por montos millonarios. En algunos casos se ha podido conocer los recursos involucrados en los actos ilícitos, pero otros casos no son públicos.

Actualmente hay funcionarios investigados por presuntos actos de corrupción, pero no se conocen los recursos involucrados en la posible defraudación. Uno de esos casos es el del presidente de Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), a quien el Tribunal de Ética Gubernamental investiga por la adjudicación de terrenos en Áreas Protegidas a un tío suyo y a militantes del partido de gobierno. También hay demandas contra el actual Ministro de Salud y otros altos funcionarios.

1. Algunos casos de corrupción pública

Es muy difícil detallar con precisión todos los ilícitos cometidos, que son muchos. A continuación presentamos algunos de los hechos más relevantes de corrupción pública.

1.1 Saneamiento de la banca

En el año 1990, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de saneamiento de los bancos estatales que habían quebrado porque no recuperaron muchos de los préstamos otorgados a grandes empresarios durante los años ochenta. La ley incluía la creación de un Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAFI) con recursos del Banco Central de Reserva (BCR), que es un banco del Estado. O sea, el gobierno utilizó recursos de un banco del Estado para sanear a los bancos estatales quebrados por el fraude de los grandes empresarios. Y dos años después, el gobierno privatizó los bancos saneados.
El monto de dinero liberado de la mora bancaria fue de 3,525 millones de colones, que al tipo de cambio de ese año (5 colones por un dólar), equivalían a 705 millones de dólares. En otras palabras, el Estado le perdonó esa cantidad de dinero a los empresarios evasores, muchos de los cuales luego compraron los bancos saneados cuando el Estado los privatizó.

1.2 Faltante de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)

En 1991 se conoció públicamente un faltante de 72.7 millones de colones (9 millones de dólares) en la CEL. El entonces Presidente de la empresa, Sigifredo Ochoa, fue acusado de fraude a la economía pública, pero en mayo de 1995 fue judicialmente sobreseído. El gobierno no recuperó los recursos sustraídos de la CEL.

1.3 Malversación en los ingenios de azúcar

En el año 1994 se divulgó la malversación de 130 millones de colones (alrededor de 15 millones de dólares) en el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN). El caso quedó en el olvido.

1.4 Fraude en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

En julio de 1995, se dio una orden de captura para Romeo Majano, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y contra otros cuatro directivos de dicha institución (Alicia Córdova de Rivera, Oscar López, Nuria Menjívar de Muñoz y René Cabrera) con base a 14 auditorías de examen especial de la Corte de Cuentas, que reveló la compra de seguros de vida en forma fraudulenta, estafa en la adjudicación de medicamentos (a través de una empresa fantasma) y peculado por un monto de 21 millones de colones (2.4 millones de dólares).

En abril de 1998, un juez dejó en libertad a los imputados porque supuestamente no se logró establecer el delito. Antes, Majano había huido al exterior. Al final, ningún directivo fue juzgado y el Estado no recuperó el dinero que le habían sustraído.
1.5 Malversación en el Fondo de Inversión Social (FIS)

En el año 1995, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas responsabilizó al Consejo de Administración del FIS de haber utilizado ilegalmente 18 millones 87 mil colones (10 millones de dólares). Según el informe, un número importante de empleados y de altos ejecutivos del FIS recibieron desproporcionados aumentos a sus salarios antes de renunciar, razón por la cual recibieron exorbitantes indemnizaciones económicas, algunos de ellos de más de 800 mil colones (92,000 dólares). El informe reveló que un estudio de las nóminas de empleados permitía observar que algunos de los que se “retiraron” fueron recontratados el mismo día a petición de la Presidenta del FIS, Norma de Dowe.

En medio del escándalo, la señora de Dowe renunció. Sin embargo, ni ella ni los ejecutivos beneficiarios de la malversación fueron sometidos a la justicia. Los imputados quedaron libres y el dinero no fue reintegrado al Estado.

1.6 Fraude en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA)

Entre los años 1995 y 1999, hubo un fraude en el BFA por un monto de 138.6 millones de colones (alrededor de 16 millones de dólares). Por el hecho fueron acusados el presidente del BFA, Raúl García Prieto y otros altos funcionarios del banco, a quienes se acusó de comprar el ingenio El Carmen por 59 millones de colones y sin poner dinero de garantía. También se les acusó de haber realizado la venta a través de maniobras financieras. Al ex presidente del BFA se le acusó de favorecer la negociación desde su cargo.

La Cámara 2a. de lo Penal luego exoneró de cargos, en forma definitiva, a Enrique Rais, Ruth Salazar Campos, Héctor Cristiani, Luis Omar Cruz Guevara, Ricardo Rivera Villalta y Raúl Castellón Lemus, acusados por delitos de defraudación a la economía pública, negociaciones ilícitas y asociaciones ilícitas. García Prieto, quien fue condenado, está prófugo.

1.7 Malversación en la Federación Nacional de Fútbol (FEDEFUT)

En septiembre de 1999, la Corte de Cuentas anunció un faltante de fondos en la FEDEFUT por un monto de 35 millones de colones (unos 4 millones de dólares). El principal implicado era el ex-presidente de esa institución, Juan Torres.

La Fiscalía emprendió una causa judicial. Demandó a los ex-directivos de la FEDEFUT por peculado, malversación de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas, uso de documentos falsos y apropiación indebida. También demandó a dos funcionarios de la Corte de Cuentas por actos arbitrarios. Después de varios años de tratar el caso, el poder judicial exoneró a los implicados y cerró el caso. El Estado perdió el dinero.

1.8 Estafa de una institución financiera

En 1997 se detectó una estafa de 100 millones de colones (11.5 millones de dólares) de la empresa Crediclub, por la desviación de los fondos captados hacia actividades nunca esclarecidas. La empresa quebró y en julio de 1999 tomó 1,200 millones del BCR (138 millones de dólares) para cubrir el agujero financiero, al 1% anual y a 2 años plazo.

En septiembre de 2001, el Juzgado 6o. de Instrucción de San Salvador liberó de responsabilidad penal a 18 personas acusadas de estafa y defraudación a la economía pública. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Sala de lo Penal, reiteró el fallo de dos tribunales a favor de los procesados, entre los cuales estaban Ernesto Gutiérrez, Federico Enrique Guirola Salazar, Gabriel Rivera, Roberto Martínez, María Elena Guirola, Juan Orlando Valencia, Alfredo Sosa, Ana Olga Monedero de López Harrison y Guillermo Antonio Mendoza López.

El plazo de 2 años para pagar el préstamo del BCR expiró en el 2001, pero el BCR no ha recuperado plenamente el dinero público.

1.9 Fraude a la economía pública por parte de dos instituciones financieras

El 3 de julio de 1997, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) intervino las sociedades financieras FINSEPRO e INSEPRO. La Fiscalía General de la República determinó que el señor Roberto Mathies Hill y otros miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones habían cometido el delito de defraudación de la economía pública, por un monto que podía llegar a 500 millones de colones (57.5 millones de dólares).

El fraude consistió en que FINSEPRO, institución autorizada por la SSF, remitía a sus clientes hacia las instalaciones de INSEPRO, no autorizada por la SSF, la cual les prometía intereses más altos y seguridad en sus ahorros. INSEPRO captaba depósitos ilegalmente y daba a cambio cheques pagaderos en otros bancos, muchos de los cuales carecían de respaldo.

El monto final del fraude fue estimado en 1,268 millones de colones. El estado asumió el pago de 700 millones a los ahorrantes (80.5 millones de dólares). El señor Hill estuvo varios años preso. Luego fue absuelto, pero el Estado no recuperó el dinero.

1.10 Malversación de recursos de una Financiera

En enero 1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario (CREDISA), liquidaron la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. CREDISA fue adquirida por varios bancos privados. Pero como estaba quebrada, el BCR le inyecto 1,239 millones de colones (142.5 millones de dólares), mediante una línea de crédito con un interés anual del 1% y por un plazo de pago de 2 años. Hasta junio de 2007 se había cancelado el 18.9% del capital adeudado, a pesar de que el plazo de pago expiró hace seis años.

1.11 Licitaciones amañadas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)

En los años 1998-2001, el Ministerio de Obras Públicas realizó adjudicaciones de obras de forma amañada y aumentó los costos de construcción en un 70.8%, en las Carretera Litoral, de Pto. La Libertad hacia Acajutla, la Carretera El Portezuelo-Atiquizaya-Las Chinamas-El Jobo y el Puente Cuscatlán. El monto adjudicado fue de 332 millones de colones (38 dólares). Ninguna autoridad fue investigada ni sancionada por el hecho.

1.12 Malversación de recursos en el Ministerio de Hacienda

En 1999, la Secretaría Técnica de Financiamiento (SETEFE), adscrita al Ministerio de Hacienda, desvió 10 millones de colones (1.1 millones de dólares), que eran parte de un paquete de ayuda destinada a los afectados por la tormenta “Mitch” y que le fueron entregados a la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS), integrada por ex patrulleros que sirvieron a la Fuerza Armada durante el conflicto armado.

El desvío de fondos se hizo con la autorización del ex presidente Armando Calderón Sol, en plena campaña electoral y, según revelaron miembros de APROAS, con la petición expresa a los ex patrulleros de apoyar al candidato presidencial del partido ARENA en las elecciones de 1999, señor Francisco Flores.

La UCA señaló que “a partir de las revelaciones que varios de los implicados han hecho a los medios de comunicación, una cosa puede darse por cierta: importantes figuras de ARENA hicieron una negociación política con los ex patrulleros, a sabiendas de que eran tales, para lo cual, a cambio de apoyo electoral, utilizaron recursos que no eran del partido. Y es que, independientemente de si se trataba de fondos propios del Estado o de fondos provenientes de la cooperación internacional, el punto es que esos recursos no eran patrimonio de ARENA, por lo cual no podían ser usados para comprar apoyo electoral.”

El caso quedó en la impunidad, pues nadie fue investigado ni sancionado. El dinero quedó encubierto como gasto de la partida secreta de la Presidencia.

1.13 Fraude a la economía pública por parte de ONG y de institución pública

En 1999, la ONG progubernamental, PROCADES, desvió 40 millones de colones (4.6 millones de dólares) que una ONG sueca llamada Rada Barnen había aportado para un proyecto de viviendas para familias pobres. El desvío de fondos se hizo con la complicidad de las autoridades del Fondo Nacional para Vivienda Popular (FONAVIPO), que es una institución pública. El dinero se perdió y nadie fue capturado ni juzgado.




1.14 Tráfico de influencias y conflictos de intereses en el Ministerio de Economía

En el año 2000, el Ministerio de Economía permitió la importación, libre de aranceles, de desperdicios de pilas y otros insumos para la fabricación de baterías. La decisión la tomó el Ministro Miguel Lacayo, Presidente de la empresa “Baterías de El Salvador”, la única que fabricaba baterías en el país. El valor de las importaciones fue de 350 millones de colones (40.2 millones de dólares). Tal medida se aprobó sin el aval de la Asamblea Legislativa, que es el Órgano del Estado encargado de “decretar impuestos”. Tal medida, declarada inconstitucional por La Corte Suprema de Justicia, le ocasionó pérdidas de ingresos al fisco.

1.15 Robo de abono donado por el gobierno de Japón

En el año 2001, los medios de prensa informaron que se habían perdido 11,000 quintales de fertilizantes donados por el gobierno de Japón para los damnificados de los terremotos de ese año. La auditoría interna del BFA determinó el hecho.

El embajador japonés en El Salvador, Saburo Yuzawa, lamentó el robo e instó a la Policía y a la Fiscalía a que identificaran a los responsables. La Fiscalía determinó que el 23% de la donación había sido trasladada a las bodegas de la Unión de Importadores de Fertilizantes (UNIFERSA), de capital privado y en la que participan accionistas como el ex presidente Alfredo Cristiani y el ex ministro de Hacienda, Ricardo Montenegro. Sin embargo, el hecho quedó impune.

1.16 Irregularidades en contrato de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con la empresa Nejapa Power

En el año 2000, el Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, señaló que las condiciones del contrato suscrito por la empresa estatal, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), con la empresa de capital estadounidense, Nejapa Power, colocaban al Estado en una situación desventajosa, pues para CEL implicaba un costo adicional de 215 millones de colones (24.7 millones de dólares) anuales por un período de 15 años, que era el plazo estipulado en el contrato. Nejapa Power es una empresa privada que vende energía eléctrica generada por medios térmicos a la CEL.
La discrepancia consistía en que la CEL deseaba rescindir el contrato inicial debido a que le compraba muy cara la energía eléctrica a la empresa Nejapa Power, que elevó las tarifas basada en disposiciones legales como el artículo 90 de la Ley General de Electricidad, el cual establece que las distribuidoras podrán ajustar sus tarifas cada tres meses.

Según Lima Mena, en octubre de 1998 Nejapa Power ofreció rescindir el contrato a cambio de 135 millones de dólares, lo cual fue rechazado por CEL.

Nejapa Power negó las imputaciones de sobreprecio en un comunicado donde señalaba "que el precio de suministro de energía es fijado por una fórmula estipulada en el contrato, el cual puede bajar o subir, dependiendo de variables sobre las cuales Nejapa Power no tiene ningún control, ni ningún beneficio, tales como las variaciones en los precios del petróleo y el monto de la capacidad de la planta que se utiliza."

“Al examinar el comportamiento de los precios internacionales del petróleo durante los últimos cuatro años, es obvio que los argumentos de Nejapa Power son cuestionables, pues no siempre los precios del petróleo han experimentado tendencias hacia el alza. Durante 1995 el precio promedio del barril fue de 18.55 dólares, para 1996 fue de 20.1, para 1997 fue de 20.3, para 1998 fue de 14.1 y para el primer trimestre de 1999 fue de 12.9. Lo anterior implica que el precio del petróleo, después de sufrir una alza inicial de 8% y de 1% para 1996 y 1997, respectivamente, ha venido decayendo fuertemente a tasas de 30% y 9% para 1998 y el primer trimestre de 1999. Esto implica que durante los primeros tres años de operación (1994-1997) pudo haberse justificado un alza proporcional al incremento en los precios del petróleo, los cuales, como ya se dijo, fueron leves (cerca de 10%). Sin embargo, los precios se incrementaron en 33% y para los períodos siguientes Nejapa Power, aunque debió haber reducido sus precios en una cuantía bastante considerable, puesto que los precios del petróleo disminuyeron fuertemente, no lo hizo.”

Funcionarios de CEL también dijeron que la venta de las generadoras térmicas de electricidad se hizo en condiciones ventajosas para los compradores, al extremo de que la CEL debe pagar hasta por la energía no producida en las plantas de generación térmica privatizadas. Los gobiernos no hicieron caso de esas denuncias.

1.17 Fraude a la economía pública en la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

En el año 2003 se conoció que el presidente de ANDA, Carlos Perla, y otros funcionarios de esa institución, estaban involucrados en un desfalco de 875 millones de colones (100 millones de dólares), por manipulación en las licitaciones y contratos de la empresa autónoma.

Perla huyó hacia Francia, donde fue capturado y devuelto a El Salvador. Actualmente enfrenta un proceso judicial.

1.18 Fraude a la economía pública y lavado de dinero por parte de empresa financiera

El 19 de julio de 2004 se conoció el fraude cometido por los Inversionistas de Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), con un monto de 6.3 millones de dólares. La empresa realizó una captación ilegal de fondos y cometió irregularidades en el manejo y administración de las inversiones. Un total de 400 personas fueron estafadas.

Uno de los socios fundadores de la empresa es Mauricio Sandoval, ex Director de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Francisco Flores. Hasta la fecha el caso se mantiene estancado en el juzgado Séptimo de Instrucción, debido a la fuga de los dos principales implicados.

1.19 Adjudicación ilegal de medicamentos por parte del Director del ISSS

En el año 2005, el Director del ISSS, Mariano Pinto, y el Consejo Directivo de esa institución incurrieron en el delito de Negligencia Administrativa, al adjudicar de manera irregular una licitación de medicamentos por 1.4 millones de dólares. El señor Pinto renunció, pero todavía la Corte de Cuentas tiene en sus manos el proceso.

1.20 Irregularidades en el Centro Nacional de Registro (CNR)

En el año 2005, la Contraloría General de la República señaló irregularidad en el uso de poco más de 1 millón de dólares de un préstamo de 50 millones del proyecto “Chambita Medidor Fase I”, ejecutado por el CNR, cuando era dirigido por el actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie. El préstamo se utilizó para contratar a varios funcionarios con altos salarios. También hubo irregularidades con las empresas encargadas del proyecto. La Corte de Cuentas está investigando.

1.21 Irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)

En diciembre de 2006 se hizo público un informe de auditoría preliminar de la Corte de Cuentas, en el que se señalan irregularidades en las cuentas del MOP por 40.3 millones de dólares. También se mencionan procedimientos indebidos en licitaciones de caminos rurales y se habla de una falta de supervisión en obras calificadas como de “mala calidad”. Las irregularidades ocurrieron durante la ejecución del proyecto “Caminos Rurales Sostenibles fase I”, en el año 2004.

El ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, tiene abierto un proceso en su contra por el caso. Los señalamientos de la Corte de Cuentas también incluyen a la gestión del ministro anterior, José Ángel Quirós.

La Corte también tiene un proceso judicial por el mismo proyecto de Caminos Rurales, por una auditoría del período que va del 1° primero de enero al 31 de diciembre de 2005, donde se establecen 11 irregularidades en el manejo de más de 13 millones de dólares en la construcción de los tramos de las calles Chapeltique-San Francisco Gotera, Santa Elena-Jucuapa, La Cofradía-San Alejo y San Pedro Nonualco-Santa María Ostuma.

2. El monto de la corrupcción

Los recursos involucrados en los diferentes actos de corrupción señalados suman 1,206 millones de dólares. Y hay otras defraudaciones a la economía pública por montos que el gobierno no ha querido divulgar.


II. La corrupción privada

Si bien la corrupción pública es grande, la privada es mayor y se expresa en la cuantiosa evasión de impuestos que hacen los grandes empresarios del país, principalmente de los impuestos Sobre el Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta Neta Imponible (ISR), o sea, sobre la ganancia de los empresarios medianos y grandes

La micro y pequeña empresa no evade el IVA, pues no es agente de retención fiscal, es decir, ni cobra el IVA ni se lo traslada a los precios. Esas empresas evaden un poco del ISR, pues la mayoría operan en la informalidad, pero como son mayormente negocios de sobrevivencia (91% en el caso de las microempresas), es muy poco lo que ganan y lo que evaden de su renta anual.

1. Evasión del IVA

El ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, señor Douglas Barcaly, dijo, en octubre del 2006, que el gobierno salvadoreño sólo recaudaba el 61.1% del dinero del IVA , que en ese año sumó 1,308 millones de dólares. El señor Barcaly, defensor del gobierno y de los grandes empresarios salvadoreños, obtuvo la información a través de un estudio realizado por la embajada de Estados Unidos.

Si el señor Barcaly tiene razón, al gobierno le faltó recaudar en el año 2006 el 38.9% del IVA, que sumaría 833 millones. Dicho de otra manera, en el año 2006, los grandes empresarios, que son los agentes de retención fiscal, o sea, los que le cobran el IVA al pueblo, se quedaron con 833 millones de dólares de ese impuesto, dinero que debieron entregarle al gobierno.

El actual Ministro de Hacienda, William Handal, afirmó que la evasión del IVA es de 600 millones de dólares. La cifra, aunque menor a la ofrecida por Barcaly, es igualmente elevada.

2. Evasión de la renta empresarial

En el año 2006, el gobierno recaudó 788 millones de ISR, la mitad (394 millones) de renta empresarial. Si tomamos el dato que nos ofrece el señor Barcaly, quien habló de una evasión de 58.7%, el monto no pagado al gobierno sería de 560 millones de dólares.

Esa cifra está subestimada, pues las empresas captan, en forma de ganancia, alrededor del 60% del PIB, que en el año 2006 sumó 18,653 millones. Eso indica que se quedaron con casi 11,200 millones de dólares del PIB. Y de acuerdo a lo que dice la Ley de Impuesto Sobre la Renta, debieron pagar el 25% de esa ganancia. Claro, hay empresas exentas de este impuesto, como las zonas francas y otras. Pero a todas luces es claro que el pago de la renta debió ser mucho mayor que los 394 que entregaron y los 560 que supuestamente evadieron.

La población trabajadora, a diferencia de los empresarios, no puede evadir el pago de la renta salarial, pues las empresas descuentan dicho impuesto antes de pagar los salarios.

3. Otros impuestos a las ventas y contrabando

Según el señor Barcaly, los grandes empresarios solo pagan el 36% de otros impuestos a las ventas , como los aranceles, el Fovial, el Fosalud, que en total le dieron al gobierno 374 millones en el año 2006. El 64% restante, que sería la evasión, suma otros 665 millones.

4. Monto total de la evasión de impuestos

En el año 2006, la evasión de impuestos por parte de los empresarios medianos y grandes fue de 2,058 millones de dólares: 833 de IVA, 560 de ISR y 665 de otros impuestos.

5. Otras formas de corrupcción

Muchos empresarios cometen actos de corrupción cuando violan las leyes laborales: salario mínimo, contratos de trabajo, pagos de prestaciones, etc.

Hay empresas que no envían la aportación a las AFP ni al ISSS para el fondo de pensiones de sus trabajadores y trabajadoras, a quienes sí les descuentan el porcentaje del salario que iría para dicho fondo.

En los años 1994 y 2004, alrededor de 2,500 patronos se quedaron con 2 millones 500 mil dólares que debían enviar como aportación para el fondo de pensión de sus trabajadores y trabajadoras. Un total de 57,000 personas se vieron afectadas por esa acción delictiva de los patronos. Las autoridades del ISSS y los dueños de las AFP son cómplices de los patronos. A tal punto llega su irresponsabilidad, que la Superintendencia del Sistema de Pensiones dijo que multaría a las AFP por tardarse en el proceso de cobro.

Para la gente que trabaja el daño es doble porque no puede recibir atención en salud en el ISSS ni se puede jubilar, ya que en su historial laboral aparece un tiempo “muerto”, durante el cual sus patronos no aportaron lo que le correspondía para su pensión.

6. Los mecanismos de las empresas para evadir y eludir impuestos

Para evadir el IVA, el Fovial, el Fosalud y el ISR, muchas grandes y medianas empresas utilizan dobles registros contables. Una contabilidad es real, pues muestra todas las transacciones comerciales (ventas y compras) y la ganancia de la empresa, pero solo es de conocimiento de los accionistas mayoritarios y no se le muestra a los auditores del Ministerio de Hacienda. Otra contabilidad es falsa y muestra menores transacciones comerciales (y menos IVA) y una ganancia más baja, lo que justifica el menor pago de renta. Esa contabilidad es la que se le presenta a Hacienda.

Naturalmente, para mostrar menos movimientos comerciales las empresas esconden facturas. También presentan facturas falsas, hechas en complicidad con otras empresas, sobre todo para evadir una parte del ISR. Por ejemplo, mientras una empresa (A) le vende mercancía a otra empresa (B) por 10 millones de dólares en un año, factura ventas por 5 millones, para de esa manera reportar menos ingresos ganancia y, en consecuencia, pagar menos renta. A su vez, la empresa B, que compró por 10 millones, factura compras por 15 millones, para reflejar más gastos y menos ganancia y de esa manera pagar menos renta.

Si el gobierno quisiera descubrir el engaño lo haría con facilidad Solo necesitaría aplicar el sistema de cruce de información, que consiste en cotejar las facturas que presenta la empresa que vendió (A) con las facturas que presenta la empresa que compró (B). Al ver que unas registran 5 millones y otras 15 millones, detecta el engaño. ¿Y por qué el gobienro no hace eso? Muy sensillo: porque está al servicio de los grandes empresarios, que son los dueños del partido ARENA y de otros partidos de derecha.

Los comerciantes importadores evaden los aranceles mediante el contrabando de mercancía importada, o sea, introduciéndola al país sin pasar por los controles de las aduanas.

Por otra parte, los grandes empresarios también se valen de mecanismos “legales” que les permiten evadir impuestos. A esa forma “legal” de evasión se le llama elusión fiscal. Por ejemplo, el Artículo 4 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tiene un listado de elusiones llamadas “rentas no gravables”, o sea, libres de impuestos. Veamos:

• El numeral 5 establece que no se les cobre impuestos a “los intereses, premios y otras utilidades que vengan de los depósitos en bancos y en asociaciones financieras.”

• El numeral 11 establece que no se pague impuesto por “los intereses provenientes de créditos otorgados por instituciones financieras domiciliadas en el exterior.”

• El numeral 13 establece como renta no gravable “las utilidades o dividendos para el socio o accionista que las recibe, ya sea persona natural o jurídica, siempre y cuando la sociedad que los distribuye las haya declarado y pagado el impuesto sobre la renta correspondiente, aún cuando provengan de capitalización.”

• El numeral 14 establece como rentas no gravables “las utilidades, dividendos, premios, intereses, réditos, incluyendo ganancias de capital, o cualquier otro beneficio que obtengan personas naturales, generados en inversiones o en la compra-venta de acciones o demás títulos valores, siempre y cuando tales acciones o títulos valores pertenezcan a emisiones inscritas y autorizadas por la bolsa de valores y la superintendencia de valores, y la colocación de los mismos sea realizada a través de una bolsa de valores legalmente autorizada.”

Las instituciones bancarias también utilizan disposiciones legales para eludir el pago del 25% sobre sus utilidades, pagando mucho menos. La Ley de Impuesto sobre la Renta les permite no incluir como renta, para efectos impositivos, algunas operaciones que dejan ganancias pero que no entran como renta imponible. Las operaciones de los bancos tampoco pagan IVA.




7. Lo que dice la ley acerca de la evasión de impuestos

En el capítulo V del Código Penal, que trata sobre “Los Delitos Relativos a la Hacienda Pública”, se establece que “son delitos de Defraudación al Fisco los siguientes”: “Evasión de impuestos y apropiación indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias”.

El Código penal establece, en el artículo 249-A, que es evasor de impuestos quien “…omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes (…) utilizando cualquiera de los medios siguientes:

1) No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen las leyes tributarias;
2) Llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación;
3) Declarando información falsa o inexacta;
4) Excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello;
5) Destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de obligaciones tributarias;
6) No presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones gravadas;
7) Declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido;
8) Respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes.

El Código Penal también establece que quien evada impuestos “será sancionado con prisión de cuatro a seis años, cuando el impuesto evadido corresponda al Impuesto sobre la Renta y la suma evadida fuere de trescientos mil a quinientos mil colones; y con prisión de seis a ocho años, si la evasión de impuestos excediere de quinientos mil colones.” El monto en dólares sería de 34,286 dólares y 57,143 dólares, respectivamente, cifras muy inferiores a la que suelen evadir los grandes empresarios.

“Cuando el Impuesto evadido corresponda a impuestos que se declaran mensualmente y el monto evadido en dicho período tributario fuere de cien mil a trescientos mil colones será sancionado con prisión de cuatro a seis años.”

“Si la evasión de los impuestos de carácter mensual excediere de trescientos mil colones en el período tributario, la pena será de seis a ocho años de prisión.”

Aunque evadir impuestos es un delito establecido en el Código Penal, no se conoce de algún gran empresario que haya sido enjuiciado por esa práctica defraudadora de la hacienda pública.

III. La recaudación fiscal del actual gobierno

El actual gobierno dice que elevó sustancialmente sus ingresos, pues entre diciembre de 2004 y enero de 2005, aprobó algunas medidas impositivas, como el Fosalud, y reformas a varias leyes para generar más recursos. Lo que no dice el gobierno es qué tanto han crecido los ingresos y de dónde han provenido los mismos.

El cuadro 1 muestra que en el 2005, primer año de las medidas impositivas, los ingresos del gobierno crecieron 10%, igual que en el 2003 y casi igual que en el 2004. O sea, que el crecimiento de los ingresos fue prácticamente igual al de los años anteriores.

Es normal que los ingresos crezcan cada año, pues como el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2.8%, también crecieron las ventas y el gobierno recaudó más a través del IVA y el ISR, que le aportan el 85% de sus ingresos. . De manera que la reforma no aportó nada nuevo. Fue la propia dinámica de la economía la que hizo crecer los ingresos.

En el 2006 los ingresos crecieron 17%, pero ello tampoco se debió a las medidas del gobierno, sino a que ese año el PIB creció en 4.2%, más que en el 2005 (2.8%) y que en el 2004 (1.8%). Además, las importaciones de petróleo llegaron a 1,300 millones (4.3 veces más que en el 2004), lo que permitió que el gobierno tuviera una recaudación adicional de 143 millones por concepto de IVA (13%) y arancel (1%) al petróleo importado. Si restáramos esa cifra, el aumento de los ingresos corrientes de ese año sería de 10%, igual que en el 2003 y el 2005 y muy parecido al 2004.

Cuadro 1. El Salvador: Ingresos corrientes del gobierno
Años % crecimiento

2003 10
2004 8
2005 10
2006 17
Fuente: BCR. Revista Trimestral Abril-Junio de 2004 y
Enero-Marzo de 2007.

IV. Corrupción y necesidades sociales

1. El monto de la corrupción pública durante los gobiernos de ARENA asciende a 1,206 millones de dólares. Si a esa cifra le sumáramos los 2,058 millones de dólares de la corrupción privada (solo del año 2006) tendríamos un monto de 3,264 millones sustraídos al erario público, valor superior a los 2,944 millones del Presupuesto Nacional del año 2007.

2. Si tomáramos en cuenta la evasión de impuestos de los últimos 18 años, no solo del año 2006, estaríamos ante una cifra impresionante, seguramente mayor a los 25,000 millones. Con ese dinero, el gobierno no tuviera la deuda actual de 7,075 millones de dólares, por cuyo pago gastará este año 745 millones, equivalentes al 25% de sus gastos.

3. Con los 2,058 millones de evasión de impuestos, el gobierno podría eliminar sus problemas financieros, tener superávit fiscal y cancelar buena parte de su deuda interna y externa, que entre los años 2004 y 2006 creció en 962 millones de dólares (16%) , cifra mayor a los 831 millones de dólares de inversión en salud y educación programados en el Presupuesto del año 2007.

4. A lo anterior hay que agregar que esos recursos serían mayores cada año, pues el crecimiento de la producción, incluso si no fuera muy elevado, le proporciona más ingresos al gobierno en concepto de IVA, ISR y otros impuestos.

5. Con 2,058 millones, el gobierno podría duplicar la inversión en salud (303 millones), en educación (526 millones), en obras públicas, transporte, vivienda y desarrollo urbano (53 millones), en medio ambiente (10 millones) y en agricultura y ganadería (35 millones). Y todavía quedarían 1,131 millones, que podría utilizar para construir 113 mil viviendas anuales de 10,000 dólares cada una, con lo cual en 7 u 8 años se erradicaría el déficit de vivienda, que es de 537,000 unidades.

6. Con los 2,058 millones de dólares se podrían eliminar, al mismo tiempo y en pocos años, el déficit de vivienda, el analfabetismo y la mortalidad infantil.

7. También se podría elevar el apoyo a la pequeña producción campesina y a las pequeñas y micro empresas, para reactivar la economía y reducir la creciente dependencia de alimentos importados.

8. Solo con el 12% del monto de la evasión de un año se puede subsidiar la mitad del costo de producción de todo el maíz y frijol que se produce en el país.

9. Con el 10% del monto de la evasión se podrían construir muchas empresas públicas que procesen y comercialicen la producción de los pequeños y las pequeñas agricultoras.

10. Con la mitad de los 2,058 millones de evasión se podría triplicar la inversión real del gobierno (en obras y construcciones), es decir, se podría construir muchos caminos rurales y dotar de agua y energía eléctrica a buena parte de la población urbana y rural.

11. En fin, si el gobierno controlara la evasión de impuestos y la propia corrupción pública, podría desarrollar un amplio programa social, con énfasis en los sectores más excluidos: la niñez, las mujeres, la pequeña producción campesina y la pequeña y microempresa. Eso permitiría avanzar rápidamente en el cumplimiento de los objetivos del milenio, sobre todo en lo concerniente a la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad entre los sexos.

12. La pobreza, que afecta a un porcentaje alto de la población salvadoreña, se debe a la concentración de la riqueza en manos de una minoría rica, la cual, además, comete actos de corrupción al evadir los impuestos, viola las leyes laborales y controla al gobierno corrupto. La concentración de la riqueza y la corrupción profundizan la desigualdad y la pobreza e impiden avanzar hacia un desarrollo humano equitativo.

V. ¿Qué hacer?

1. Las organizaciones sociales deben exigirle al gobierno que aumente su recaudación de ingresos por dos vías: controlando la corrupción pública y privada y elevando la carga impositiva de los sectores con más ingresos, es decir, poniéndole un mayor impuesto a la renta empresarial y a los salarios más elevados, los que superan los 40,000 dólares al año. El gobierno también debería gravar con altos impuestos las importaciones de bienes suntuarios provenientes de países con los que no se tienen tratados de libre comercio.

2. Para que las demandas al gobierno puedan ser efectivas, las organizaciones sociales deben movilizar a buena parte de la población, sobre todo la de menores ingresos, que es la mayoría del país.

3. La movilización solo será posible si se realiza un trabajo previo de información y educación sobre la problemática financiera del gobierno y sobre las causas de la misma: la corrupción pública y privada y el carácter regresivo de la estructura impositiva, que descansa en impuestos sobre el consumo y la renta salarial (que le dan el 84% de los ingresos al gobierno) y no sobre los impuestos a la ganancia empresarial (que proporciona el 16%), sobre todo a las ganancias de las grandes empresas, que captan la mayor parte del ingreso nacional.

4. Hay que realizar una amplia labor educativa sobre esta temática, que incide directamente en la vida de la gente. La gente debe conocer la realidad sobre la corrupción pública y privada y sobre la legislación vinculada al tema de la corrupción, que se concentra en las leyes impositivas y el Código Penal. Hay que crear conciencia sobre el hecho de que mientras más corrupto es un gobierno, mientras mayor es la evasión de impuestos que hacen los ricos y mientras menor es la carga impositiva legal sobre ellos, más precarias son las finanzas públicas. Y un gobierno insolvente y endeudado no puede garantizar los servicios básicos de la población, a pesar de que la propia Constitución de la República se lo exige.

VI. Glosario de términos relacionados con los delitos

1. Acatos arbitrarios. Es el que comete alguna persona que concientemente actúa sin sujeción a la letra de la ley.

2. Administración fraudulenta: Es disponer indebidamente de los bienes de los socios de una empresa constituida o en formación, o en contraer obligaciones a cargo de la empresa que le causen un perjuicio económico a los socios.

3. Apropiación indebida. Consiste en que una persona se apropia de bienes muebles que tenía la obliación de devolver y que recibió en virtud de un contrato de comisión, depósito o administración.

4. Asociación ilícita. Consiste en formar parte en una asociación o banda de tres o más personas organizada para delinquir, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación.

5. Desfalco: Es la apropiación indebida de bienes o dinero ajeno por parte de la persona que ha de custodiarlos.

6. Defraudación. Es realizar un acto voluntario de ocultación deliberado, y con fines de provecho propio, de un hecho que afecte los recursos públicos.

7. Estafa. Consiste en obtener de alguna persona o institución una determinada cantidad de dinero en concepto de adelanto o anticipo para la adquisición de un bien que no existe.

8. Evasión fiscal: Es alterar u omitir documentos financieros de una empresa con el fin de no pagar impuestos o pagar una cantidad menor a la que establece la ley.

9. Elusión fiscal: Es una evasión de impuestos “legalizada”, o sea, es un conjunto de medidas legales que les permiten a los empresarios no pagar determinados impuestos.

10. Fraude: Es un engaño que consiste en manipular, falsificar o alterar registros o documentos contables, malversar activos o propiedades o aplicar malas políticas contables. Los fraudes internos son aquellos organizados por una o varias personas dentro de una institución, con el fin de obtener un beneficio propio. Y los fraudes externos son los que efectúan una o varias personas para obtener un beneficio, utilizando fuentes externas, como bancos, clientes, proveedores, etc.

11. Falsedad documental agravada. Consiste en alterar documentos legales para obtener ventajas personales (como apropiarse de bienes ajenos) o beneficiar a un tercero. El delito puede ser de falsedad material, cuando se presenta como legal un documento falso, o de falsedad ideológica, cuando se le introduce declaración falsa a un documento legal.

12. Malversación. Es sustraer recursos del Estado indebidamente o consistir que dichos recursos sean sustraidos.

13. Negociaciones ilícitas. Es hacer negocios penados por la ley, como el tráfico de personas, la venta de drogas, etc.

14. Peculado. Es la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos, por aquel o a quien está confiada su custodia o administración.

15. Uso de documentos falsos. Es presentar como legal un documento que no lo es. Comete el delito la persona que elabora el documento, la que lo conoce y no lo denuncia y la que lo usa.